Estudio entrega orientaciones para un programa de cooperativas cerradas de vivienda en Chile
Hasta el siglo XX, las cooperativas de viviendas fueron una importante alternativa habitacional para la clase trabajadora en Chile. Grupos de personas de organizaban para resolver de manera conjunta sus necesidades habitacionales, a través de la gestión directa de sus proyectos de vivienda. Sin embargo, a partir de la dictadura, se masificó la vivienda social en propiedad individual basada en el modelo de subsidio, relegando este sistema sustentado en valores como el apoyo mutuo, autonomía, propiedad colectiva, democracia directa, entre otros.
Pero en los últimos años las cooperativas cerradas de vivienda han adquirido nuevos bríos en Chile, lo que ha motivado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a incorporar líneas de subsidios, instalar una Unidad de Cooperativas y Autogestión y a desarrollar un estudio en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica, entre otras iniciativas.
De hecho, el cooperativismo como respuesta a las necesidades habitacionales se menciona en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric y en el Plan de Emergencia Habitacional del MINVU como una alternativa viable, no sólo para el acceso a la vivienda, sino también como un incentivo al desarrollo de la autonomía y cohesión social de las comunidades territoriales.
Según la investigación, coordinada por el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio y el equipo de la Unidad de Cooperativas y Autogestión del Minvu, el cooperativismo internacional latinoamericano, especialmente la experiencia de Uruguay, se ha expandido por la región, motivando a grupos como el movimiento de pobladores chileno a seguir su ejemplo, impulsados especialmente por los problemas asociados al déficit habitacional y respaldados por su discurso ligado al Derecho a la Ciudad, Derecho a la Vivienda, y a una vida digna.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay experiencias incipientes. En 2015 entró en vigencia –en el marco del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011– el artículo que permitió a grupos organizados con capacidad de autogestión actuar como su propia entidad patrocinante. Se han seleccionado cinco iniciativas en los llamados en condiciones especiales para Cooperativas de Vivienda Cerrada de los años 2017, 2020, 2021 y 2022, otorgando el beneficio a cada una ellas, en tanto se constituyen como personalidad jurídica (Ñuke Mapu, Paihuén, Yungay, Atas y Vista Puerto, de las regiones de Valparaíso y Metropolitana).
El estudio identificó que existen una serie de trabas que dificultan la implementación de este tipo de iniciativas como una política pública más extendida. “La razón más inmediata es que se les dio a las cooperativas un espacio institucional que no está diseñado para sus principios: esto es, operar bajo del paraguas del programa DS 49, legado del modelo masivo de producción subsidiaria de vivienda”, señala.
Al respecto, Carlos Araya, jefe de la División de Política Habitacional, manifestó que “el ministerio, con el fin de avanzar en el tema de vivienda en cooperativa, ha hecho algunos cambios en los llamados especiales del DS49, que son, en definitiva, a corto plazo. Se deben realizar cambios estructurales a largo plazo que sean atingentes y sirvan para la vivienda en cooperativa”.
El informe agrega que “existe un fuerte desconocimiento y un muy bajo nivel de formación entre las organizaciones de pobladores en cuanto al cooperativismo, desde aspectos técnicos hasta los más culturales. Así, la remergencia del cooperativismo autogestionado en Chile requiere de dos transformaciones (…): un marco normativo acorde a los principios y la experiencia internacional del cooperativismo en vivienda, y un fuerte avance en la formación técnico y cultural que utilice y empuje las experiencias existentes, como ejemplo y piloto para la socialización y el empoderamiento de la ciudadanía”.
Veronica Zorrilla, encargada de la Unidad de Cooperativas y Autogestión del MINVU, destacó la necesidad de difundir el modelo cooperativo y trabajar la intersectorialidad.
“Es fundamental desarrollar un proceso de capacitación y difusión del modelo y sus principios a través de una metodología apropiable y apropiada para las cooperativas. Es uno de los objetivos para el 2024, desarrollar un proceso de formación nacional, así como fortalecer el trabajo intersectorial con la División de Asociatividad y Economía Social (DAES) del Ministerio de Economía, para avanzar a una política integral para el sector cooperativo”, agregó Verónica Zorrilla.
“Los insumos que aporta el estudio, son muy importantes para la etapa en la que estamos, de diseño del Programa Social de Cooperativa, que esperamos presentar al Ministerio de Desarrollo Social en abril del 2024”, adelantó la encargada de la Unidad.
