CECT participa en presentación de estudio sobre demanda social de la vivienda
Isabel Serra, jefa (s) del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo participó en el panel que analizó el estudio “Demanda Social por la Vivienda” elaborado por Déficit Cero, en conjunto con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
La mesa también estuvo conformada por José Miguel Simian, director del Centro de Estudios Inmobiliarios ESE Business School de la Universidad de los Andes, y Damaris Astete, vocera de Ukamau Valparaíso y colaboradora en Casa Abierta, una agrupación de campamentos.
El estudio señala que la demanda social por vivienda llega a 2.2 millones de familias que requieren apoyo del Estado, incorporando en la medición déficit habitacional, campamentos, personas en situación de calle, mejoramiento de vivienda, tenencia insegura y carencias de asequibilidad.
El déficit habitacional calculado por el MINVU con datos de la encuesta Casen, en tanto, cifra la necesidad de viviendas nuevas en 552.046 y aquellas que requieren mejoramientos en 1.263.576. Asimismo, no suma la totalidad de los campamentos ni a las personas en situación de calle, ya que ambos fenómenos son medidos en catastros específicos, diseñados para atender a dichas poblaciones mediante políticas públicas particulares.
Clemente Larraín, coordinador de Estudios de Déficit Cero, señaló que “el acceso a la vivienda adecuada es multidimensional”, poniendo énfasis en las diversas alternativas de respuesta que se presentan, como el mejoramiento de las viviendas, arriendo, viviendas tuteladas o temporales, entre otras.
Al respecto, Isabel Serra destacó el estudio como un aporte a la investigación del fenómeno de déficit habitacional. “El conocimiento se construye a partir de cuatro vértices: público, privado, academia y sociedad civil. Esta co-construcción es muy relevante para el proceso de generar las políticas públicas”.
La jefa del CECT aclaró, además, “la diferencia entre déficit y demanda. Una cosa es la necesidad de vivienda y, la otra, es el deseo de tener una vivienda. Como Estado debemos focalizar nuestros esfuerzos y recursos en las necesidades más urgentes de la población. Por eso estamos implementando el Plan de Emergencia Habitacional, y esperamos entregar 260.000 viviendas al término de este periodo de gobierno”.
Por su parte, el economista José Miguel Simian, valoró la incorporación de una mirada distinta al problema del déficit, pero destacó que “la demanda social por vivienda pone todo el énfasis en la vivienda y no considera factores que reflejan decisiones en otros ámbitos, como la localización o el acceso a transporte”.
Simian propuso “salir del paradigma de la vivienda propia” y comenzar a explorar alternativas que involucren a los sectores públicos y privados.
Desde el movimiento de pobladores Aukamau, Damaris Astete, destacó que, si bien la propiedad de la vivienda entrega dignidad a las familias, “el concepto de tenencia segura es más transversal, porque es necesario verlo más desde la seguridad que del dominio” en el contexto de inseguridad respecto de los procesos económicos.
La dirigente llamó a incorporar a los movimientos sociales en la generación de las “políticas públicas desde la visión de los pobladores” y “igualar el acceso no sólo a la vivienda sino a los bienes de la ciudad”.
