Brecha entre cobertura de sanitarias y planificación urbana frena la vivienda social
La prestación de servicios públicos sanitarios en el área urbana en Chile, es decir, la producción, distribución y recolección de agua potable, además del tratamiento y disposición de aguas servidas, sólo puede realizarse si existe una concesión sanitaria queotorga el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para un área determinada. Esta concesión es de carácter indefinido, es fiscalizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y obliga a las empresas a entregar el servicio a todo usuario que lo solicite dentro de ese territorio.
Según la SISS, en el país funcionan 52 empresas sanitarias, de ellas, 31 abastecen de agua potable y alcantarillado a los habitantes de la Región Metropolitana.
Sin embargo, los territorios operacionales de las empresas sanitarias distan mucho de los terrenos definidos como aptos para ser urbanizados. Un análisis del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio (CECT) determinó que solo el 37% del suelo urbano normado se encuentra dentro de los territorios operacionales de las sanitarias.
Esta brecha “revela un problema de descoordinación entre la planificación urbana y la sanitaria, que puede influir en el encarecimiento y la obstaculización el desarrollo de vivienda social”, señala el documento Costos de ampliación del territorio operacional de empresas sanitarias para viviendas sociales del CECT. Este análisis afirma que “la expansión de las redes es de iniciativa de la concesionaria y responde a criterios de rentabilidad, por lo que los suelos destinados a vivienda de interés público suelen quedar excluidos de los planes de desarrollo sanitario, aun cuando los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) habiliten su uso habitacional”.
El documento del CECT determinó que los costos de ampliación de los territorios operacionales de las concesionarias presentan una alta dispersión, que va de 464 a 94.137 UF y valores de 1,2 a 77,65 UF por vivienda, en los casos estudiados.
Los costos están vinculados principalmente a la infraestructura sanitaria que debe construirse para hacer viable la prestación de servicios. “No existe una relación lineal entre número de viviendas y costo. El principal determinante está dado por la distancia y la necesidad de habilitación de nueva infraestructura”, sostiene el informe.
“El costo de la ampliación territorial genera un costo habitacional, pero en vivienda social no siempre se traspasa completamente al precio de venta; muchas veces se transforma en una barrera de factibilidad del proyecto o en una reducción de la rentabilidad del desarrollador. Desde la perspectiva del Minvu, el principal efecto económico de las ampliaciones de territorios operacionales no es necesariamente encarecer la vivienda final, sino determinar si el proyecto puede o no ejecutarse dentro de los parámetros económicos permitidos por los programas habitacionales”, señala el documento de trabajo.
El análisis del CECT determinó, además, que las principales restricciones para el desarrollo habitacional siguen siendo la disponibilidad de infraestructura sanitaria, la necesidad de refuerzos de agua potable y alcantarillado, y la ampliación formal de los territorios operacionales de las sanitarias, lo que explica gran parte de las diferencias económicas.
“El resultado es una brecha crítica de acceso a servicios básicos que profundiza la desigualdad y plantea la necesidad de analizar los costos de esta ampliación y los mecanismos de coordinación y financiamiento requeridos para superarla”, enfatiza el análisis.
Acceso a la información de los convenios sanitarios
El estudio de caso se realizó sobre una muestra de 173 convenios entregados por la SISS en julio de 2025. De ellos, sólo 70, equivalentes a un 40%, presentaban antecedentes técnicos y económicos analizables. El resto de los expedientes correspondía a escrituras notariales, carátulas y protocolizaciones que no contenían información técnica relevante para el análisis.
La marcada heterogeneidad de los expedientes analizados deviene en que los resultados deben interpretarse como una aproximación exploratoria y no como una estimación estadísticamente representativa del universo de convenios ni de las empresas sanitarias del país.
La sistematización y análisis de estos convenios fue realizado por el CECT, con apoyo de profesionales de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT).
