El impacto de las parcelas de agrado en Chile: una amenaza para el territorio y el medio ambiente
El Centro de Estudios de Ciudad y Territorio (CECT) lanzó el libro “El Impacto de las Parcelas de Agrado en Chile”, un estudio del equipo de Análisis Territorial que aborda las repercusiones ambientales, territoriales, sociales y de exposición a riesgos de desastres vinculadas a este fenómeno, que se ha expandido significativamente en el país.
A nivel nacional, se han identificado 5.518 conjuntos de parcelas de agrado, ocupando 236.465 hectáreas, con las regiones de Aysén, Los Ríos, Tarapacá y Los Lagos como las más afectadas. Estas subdivisiones abarcan una superficie equivalente a la ya construida en el territorio nacional, pero se desarrollan sin planificación, con mínimos controles y exigencias formales.
Mirando hacia el futuro, la proliferación de estas parcelas sin una regulación adecuada podría agravar los efectos del cambio climático, como la escasez de agua y alimentos, aumentar el riesgo de desastres naturales y plantear mayores desafíos para las administraciones locales.
El libro fue presentado en el seminario sobre el proyecto de ley para la Protección del Territorio y la Vida Rural, organizado por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt), la División de Desarrollo Urbano y el CECT del MINVU, con la participación del Ministerio de Agricultura.
Isabel Serra, jefa (s) del CECT, señaló que, desde un análisis prospectivo, se pueden vislumbrar diversos escenarios sobre la evolución de las parcelas de agrado, todos ellos presentando importantes dificultades.
Por su parte, María Loreto Paillaqueo, encargada del equipo de Análisis Territorial del CECT, detalló los impactos de estas subdivisiones: fragmentación del territorio, pérdida de suelo agrícola, sobrecarga de infraestructuras y uso insostenible de recursos hídricos, incluso en áreas protegidas y zonas de alto riesgo de incendios forestales.
El Gobierno ingresó el proyecto de ley en julio de 2024 en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de ofrecer una respuesta integral a estos desafíos. La iniciativa fue liderada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, y Agricultura, y fue fruto del diálogo con la sociedad civil y las comisiones sectoriales del Congreso.
