Estudio del CECT revela crecimiento descontrolado de asentamientos urbanos en Chile y propone actualizar planificación territorial
El estudio “Dinámica del Crecimiento de los Asentamientos Urbanos de Chile. Medición 2022”, elaborado por el equipo de Análisis y Gestión de Información Territorial del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio, evidenció la descontrolada expansión urbana en Chile, resaltando la necesidad de actualizar y fortalecer los instrumentos de planificación territorial para promover un desarrollo urbano sostenible y equitativo.
Los resultados de este estudio fueron presentados por María Loreto Paillaqueo, encargada del equipo de Análisis Territorial del CECT, y comentados por Luis Fuentes, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC; Patricia Corvalán, de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, y Geraldine Espinoza, jefa de la Unidad de Fortalecimiento y Descentralización de la SUBDERE.
El análisis reveló que, en 2022, el país registró un total de 1.201 asentamientos humanos, de los cuales 24 se crearon entre 2017 y 2022. En particular, estos nuevos asentamientos se concentraron en las regiones de Coquimbo y Maule, mientras que en el Gran Santiago se sumaron 15 nuevos sectores urbanos. La expansión ha sido especialmente significativa en el área metropolitana de Santiago, que en el último quinquenio añadió 9.904 hectáreas a su superficie urbana, mientras que Puerto Montt mostró un incremento de 1.751 hectáreas. En términos de crecimiento relativo, Los Lagos presenta una de las tasas más altas, con un promedio anual del 5%.
Sin embargo, el crecimiento urbano no ha sido acompañado de una adecuada planificación. Solo el 37% de la superficie planificada ha sido urbanizada, dejando un rezago de 225.892 hectáreas dentro de los límites establecidos, mientras que 33.545 hectáreas se construyeron fuera de los límites normativos en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Los Lagos.
Según explicó María Loreto Paillaqueo, esto «genera una expansión urbana fragmentada, encarece la provisión de servicios públicos y afecta la cohesión del espacio urbano».
El caso de la Región Metropolitana es el más crítico, con 20.926 hectáreas urbanizadas fuera de sus límites planificados. A esto se suman Valparaíso y Los Lagos, con un exceso de 3.093 y 1.560 hectáreas, respectivamente. Aysén y Arica y Parinacota, en cambio, presentan una expansión más controlada, con menos de 700 hectáreas desarrolladas fuera de los límites.
En ese contexto, la profesional del CECT subrayó que “el crecimiento urbano en estas zonas periféricas amenaza tanto la seguridad de las personas como la biodiversidad”, destacando la necesidad de implementar criterios de sostenibilidad en la planificación territorial.
El informe también detalla el estado de los instrumentos de planificación territorial en Chile, señalando que, de 443 existentes, 21 comunas carecen aún de ellos, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes.
La obsolescencia de estos planes es otro desafío, ya que los planes reguladores tienden a quedar rezagados respecto al crecimiento real. Hoy, el 95% de las comunas del país tienen un plan regulador, aunque muchos de ellos superan ya los 10 años de vigencia que establece la ley.
Al respecto, Patricia Corvalán, del MINVU destacó que «hay un proyecto de ley que está por ingresar al Congreso que lo que hace es agilizar y racionalizar el tiempo de elaboración y el proceso de evaluación, con no una modificación estructural, que nunca ven la luz finalmente, sino que modificaciones lo más quirúrgicas y focalizadas posible que nos ayuden a llegar a tiempo a planificar el desarrollo urbano territorial. Estos instrumentos tienen facultades no solo urbanas, también tienen facultades en el área rural, entonces su fortalecimiento sí va a ayudar a controlar este desarrollo desbocado o fuera de los límites urbanos».
Por su parte, Geraldine Espinoza, de la SUBDERE, afirmó que «estamos tarde con nuestros instrumentos de planificación, (…) llegamos a regular algo que ya está pasando hace mucho tiempo, algo que ya tiene dinámica establecida. Esto nos empuja a buscar la flexibilidad en las instancias de gobernanza, donde los actores regionales y locales pueden participar y adaptarse más rápidamente, dado que la realidad territorial avanza mil veces más rápido que nuestras regulaciones».
En tanto, Luis Fuentes, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, añadió otro componente a la problemática del crecimiento de las ciudades. Reveló que entre el 2011 y el 2021 se produjeron transacciones de suelo por más de 20 mil millones de dólares en el eje norte de Santiago y solamente el 0,9% fueron por parte del Estado, mientras que un 34% de las compras de suelo fueron por parte de empresas de actividades financieras y de seguros, que hacen “bodegaje de suelo”, cambiando la arquitectura productiva del suelo, que se convierte en un activo financiero. “Esto distorsiona por completo el mercado, excluyendo a miles de familias que no poseen capacidad de pago como para participar de este mercado”.
“Entender y monitorear el crecimiento urbano es crucial debido a la complejidad del proceso y su tendencia a desbordar el relato simplificado de la expansión o de la densificación. La necesidad de una mayor capacidad de regulación y gestión del suelo se vuelve evidente ante la presencia de nuevos actores con gran poder adquisitivo que transforman rápidamente el mercado”, señaló el académico.
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